OPINION
Los cocaleros sin voz de Tarazá
Los campesinos cocaleros son tan ilegales como lo eran los paramilitares que se desmovilizaron. Sin embargo, a los primeros el gobierno les ha dado todo el apoyo y, en cambio, las soluciones para que los segundos se reconcilien con la legalidad no parecen ser prioridad del gobierno.
Por Juan Diego RestrepoFecha: 05/11/2008 -
Los cocaleros sin voz de Tarazá
Los campesinos cocaleros son tan ilegales como lo eran los paramilitares que se desmovilizaron. Sin embargo, a los primeros el gobierno les ha dado todo el apoyo y, en cambio, las soluciones para que los segundos se reconcilien con la legalidad no parecen ser prioridad del gobierno.
Por Juan Diego RestrepoFecha: 05/11/2008 -
Revista Semana
El paro de campesinos dedicados a cultivos de uso ilícito que concluyó a mediados de la semana pasada en el municipio de Tarazá, Antioquia, dejó en el caluroso ambiente de esta localidad del Bajo Cauca un sabor agrio, pues el gobierno nacional le negó la voz a los propios labriegos, impuso sus condiciones y acabó criminalizándolos. El paro de por lo menos 7 mil campesinos, entre cultivadores de hoja de coca, raspachines y sus familias, se inició el domingo 20 de abril con fuertes disturbios, y sólo en la tarde del jueves 1 de mayo llegaron a la localidad representantes del Presidente de la República a buscarle soluciones al movimiento de protesta. Justificaron su tardanza alegando que no habían venido antes “porque uno no puede negociar entre palos y piedras”. Yo había conversado con varios campesinos, quienes esperaban que el gobierno, como mínimo, les concediera un subsidio durante tres años para iniciar una nueva vida agraria, alejados de la hoja de coca. Basaban su petición en tres puntos muy justos: su voluntad de eliminar los cultivos de uso ilícito; el largo proceso de renovar cultivos legales, entre ellos el de caucho, cuya primera cosecha se da a los tres años; y la expectativa de recibir un tratamiento similar al que le dan a los desmovilizados de los grupos ilegales, quienes perciben subsidios por más de 18 meses.
Por dos días, cocaleros y gobierno trataron de llegar a algunos acuerdos que dejaran a las partes satisfechas y desactivara la protesta social. En la mañana del sábado 3 de mayo ya se tenía una agenda dispuesta para ser analizada por los campesinos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, durante su visita a la localidad. Se esperaba un análisis juicioso que permitiera concretar alternativas rápidas y eficaces para superar la crisis económica y social que estaba provocando la erradicación masiva de la hoja de coca en la región, donde se registra la de mayor área cultivada en Antioquia con cerca de 3.000 hectáreas. Pero las expectativas campesinas comenzaron a diluirse cuando el presidente Uribe expresó: “antes de hablar aquí de las soluciones sociales, vengo a hablar de las soluciones de autoridad y a apoyar la Fuerza Pública”. Lo que siguió después fue una simulación de diálogo que dejó soluciones parciales y varias promesas que lograron desactivar el paro, pero que no disminuyeron la tensión. José Betancur, vocero de los campesinos en la mesa de negociaciones, se me acercó y me dijo con voz quebrada: “Nosotros no fuimos el centro en esta reunión. Fuimos punto aparte”. Esas palabras revelan que en materia de negociación de conflictos relacionados con los cultivos de uso ilícito, las opiniones los campesinos de Tarazá, y de cualquier región cocalera del país, no serán tenidas en cuenta; sus peticiones serán desestimadas; sus derechos, violados, y las soluciones estructurales que requieren para reconvertir sus magras economías no serán posibles, bajo la excusa de que más que un fenómeno social son ilegales. Pero ilícito también era mochar cabezas y descuartizar cadáveres; prohibido era despojar a los campesinos de sus tierras y desterrarlos de sus poblados; ilegal era conformar ejércitos privados y financiarlos; sin embargo, miles de aquellos que incurrieron en esas prácticas reciben subsidios en dinero, becas de estudio, ofertas de empleo, tierras y beneficios jurídicos. Puede ser que tal disposición para apoyar a los desmovilizados de los grupos armados ilegales se sustente en su convicción de reconciliación, pero el campesino cocalero, el eslabón más vulnerable de la cadena financiera de la guerra, también se quiere reconciliar, con la tierra, con sus comunidades, y quieren ingresar al circuito de la legalidad, razones por las cuales debería ser atendido igual o mejor que los ilegales armados reinsertados. Al finalizar la visita presidencial, uno de los campesinos líderes de la protesta cocalera se me acercó y me preguntó: “¿Por qué será que el Gobierno no nos mira con ojos de misericordia?”. No le respondí, pero pensé: en la resolución de conflictos, la misericordia del gobierno nacional es selectiva y responde a intereses estratégicos y, por ahora, resolver los problemas estructurales del campesinado dedicado a los cultivos de uso ilícito que surgen tras la erradicación masiva no está dentro de sus prioridades. (*) Periodista y profesor universitario
Por dos días, cocaleros y gobierno trataron de llegar a algunos acuerdos que dejaran a las partes satisfechas y desactivara la protesta social. En la mañana del sábado 3 de mayo ya se tenía una agenda dispuesta para ser analizada por los campesinos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, durante su visita a la localidad. Se esperaba un análisis juicioso que permitiera concretar alternativas rápidas y eficaces para superar la crisis económica y social que estaba provocando la erradicación masiva de la hoja de coca en la región, donde se registra la de mayor área cultivada en Antioquia con cerca de 3.000 hectáreas. Pero las expectativas campesinas comenzaron a diluirse cuando el presidente Uribe expresó: “antes de hablar aquí de las soluciones sociales, vengo a hablar de las soluciones de autoridad y a apoyar la Fuerza Pública”. Lo que siguió después fue una simulación de diálogo que dejó soluciones parciales y varias promesas que lograron desactivar el paro, pero que no disminuyeron la tensión. José Betancur, vocero de los campesinos en la mesa de negociaciones, se me acercó y me dijo con voz quebrada: “Nosotros no fuimos el centro en esta reunión. Fuimos punto aparte”. Esas palabras revelan que en materia de negociación de conflictos relacionados con los cultivos de uso ilícito, las opiniones los campesinos de Tarazá, y de cualquier región cocalera del país, no serán tenidas en cuenta; sus peticiones serán desestimadas; sus derechos, violados, y las soluciones estructurales que requieren para reconvertir sus magras economías no serán posibles, bajo la excusa de que más que un fenómeno social son ilegales. Pero ilícito también era mochar cabezas y descuartizar cadáveres; prohibido era despojar a los campesinos de sus tierras y desterrarlos de sus poblados; ilegal era conformar ejércitos privados y financiarlos; sin embargo, miles de aquellos que incurrieron en esas prácticas reciben subsidios en dinero, becas de estudio, ofertas de empleo, tierras y beneficios jurídicos. Puede ser que tal disposición para apoyar a los desmovilizados de los grupos armados ilegales se sustente en su convicción de reconciliación, pero el campesino cocalero, el eslabón más vulnerable de la cadena financiera de la guerra, también se quiere reconciliar, con la tierra, con sus comunidades, y quieren ingresar al circuito de la legalidad, razones por las cuales debería ser atendido igual o mejor que los ilegales armados reinsertados. Al finalizar la visita presidencial, uno de los campesinos líderes de la protesta cocalera se me acercó y me preguntó: “¿Por qué será que el Gobierno no nos mira con ojos de misericordia?”. No le respondí, pero pensé: en la resolución de conflictos, la misericordia del gobierno nacional es selectiva y responde a intereses estratégicos y, por ahora, resolver los problemas estructurales del campesinado dedicado a los cultivos de uso ilícito que surgen tras la erradicación masiva no está dentro de sus prioridades. (*) Periodista y profesor universitario
